La función judicial se encuentra en el banquillo de acusados, desde la descomposición del estado ecuatoriano luego del golpe de estado 2005, la función judicial ha venido en caída libre, cuyo proceso de descomposición solo ha sido invisible gracias a la serie de casos y cosas que llenan titulares por horas y fungibles en el país de todo tipo para lo cual en la política los abogados, jueces, magistrado han encontrado buenos aliados que han impedido que la sociedad conozca la descomposición del sector jurídico en el Ecuador.
El caso de Mario Godoy presidente de la Consejo de la Judicatura, institución que desde el experimento constitucional del correato maneja y opera el área administrativa, financiera y talento humano de la función judicial ecuatoriano, solo ha sido la página visible de todo un sector por años descomponiéndose.
El Ecuador desde su fundación ha sido dependiente de la lógica jurídica latina del denominado código romano, influido por la neo colonización en medio de una lucha por consolidar el estado nación y su identidad, expresadas estas brechas con el regionalismo costa – sierra y la diversidad cultural dentro del país en tan volátiles coyunturales de sus gobiernos en doscientos años de demagogias, entreguismos y fracasos administrativos.
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No esta claro si en la formación educativa se escoge la profesión de jurisconsulto o abogado por vocación social y/o influencia de carácter socio económica. Mucho mas cuando en las últimas décadas la puesta en practica de dicha profesión estaría respondiendo mas a la puesta en práctica de técnicas que de análisis agudo de la justicia respecto de las contradicciones sociales que en la sociedad se tejen en una u otra área de la rama de las ciencias humanas.
Las facultades y escuelas de jurisprudencia se han multiplicado, los pénsum responden a la acción mecaniscista de la introducción al conocimiento occidental del derecho, la rigidez en las clasicas facultades públicas de Quito, Guayaquil y Cuenca excluyó a miles de aspirantes sin agudeza social por lo que la respuesta en las cada vez mas ofertas de universidades privadas en diferentes modalidades han permitido la instauración del abogado pragmático y deseoso de ascenso socio económico.
Los cambios constitucionales desde 1979, 1998, 2008 han pasado por alto el debate profundo sobre la epistemología jurídica que requiere el Ecuador, la política y la justicia han tenido una relación utilitarista y demagógica, por un lado la función judicial se viste de rectitud y por otra la política se dice a si misma respetuosa y democrática.
En dicho enjambre la economía, si, la economía ilegal transnacional ha ido expandiéndose en operadores de justicia, jueces, magistrados, firmas de abogados con renombre marketero de «buffet».
Ecuador debe utilizar este momento de crisis judicial para limpiar, estructurar, institucionalizar, investigar y gestionar la jurisprudencia.
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