Con 11 votos afirmativos, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó este 21 de julio una resolución mediante la cual expresa su rechazo a toda forma de proscripción política o exclusión injustificada de organizaciones políticas durante el proceso electoral y exhorta a las instituciones del Estado a garantizar el respeto a los principios democráticos, los derechos políticos, el pluralismo y el debido proceso.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que los hechos que se han presentado son un profundo debilitamiento de la democracia y esto es muy preocupante para todos. “La democracia tiene que respetarse y fortalecerse. La forma de fortalecimiento de esa democracia es aumentando las opciones para que el pueblo elija y no disminuyendo las opciones”, indicó.
Agregó que un demócrata tiene que serlo mañana, tarde y noche. “Si estamos aquí en el Concejo Metropolitano y yo, este caso, en la Alcaldía, es por algo. Es por representar a los quiteños que nos confiaron su voto. También por mantener viva la llama y la historia de quienes hicieron grandes a esta ciudad, y me refiero a los procesos democráticos respetuosos que siempre tuvieron como ideal la libertad, la independencia y la democracia”.
Posturas de los concejales
El concejal Emilio Uzcátegui, proponente de la resolución, señaló que “la democracia es la vida institucional para superar los conflictos sociales y también es parte de obedecer las disposiciones que vienen desde un poder estatal. El momento en que nosotros anulamos cualquier posibilidad institucional de democracia no estamos ganando, estamos sembrando una semilla que puede ser potencialmente riesgosa en la ciudadanía”.
Como antecedente, Uzcátegui indicó que el adelanto de los comicios “redujo los plazos del proceso electoral y obligó a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos de democracia interna, conformación de alianzas e inscripción de candidaturas”. Además, indicó que “este escenario exige que la actuación de todas las instituciones públicas ofrezca garantías para el ejercicio de los derechos políticos, la participación ciudadana, el pluralismo y la libre expresión de la voluntad popular, evitando que las decisiones institucionales produzcan efectos de exclusión o proscripción política”.
Por su parte, el concejal Andrés Campaña mostró su preocupación “por el adelanto inconstitucional de las elecciones y la proscripción y suspensión de varios partidos políticos, lo que resulta en un atropello a la democracia. No pierde una organización política, pierde toda la ciudadanía”, señaló.
De su lado, el concejal Adrián Ibarra recalcó que “los estados tienen que construirse sobre pilares democráticos. Lo que tenemos en el país, lastimosamente, es un Estado democrático en ruinas”. “El Consejo Nacional Electoral, lastimosamente, lo único que nos ha dado son más dudas e inquietudes que las certezas que podemos tener en este proceso electoral”, añadió Ibarra.
Los principales puntos de la resolución
Entre las disposiciones aprobadas consta el rechazo político e institucional del Concejo Metropolitano a toda forma de proscripción política o exclusión injustificada de organizaciones políticas, al considerar que este tipo de medidas restringen el pluralismo, la participación política y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre distintas alternativas durante un proceso electoral.
Además, el Concejo recuerda al Tribunal Contencioso Electoral que la democracia se fortalece con más participación y diversidad de opciones políticas, señalando que debe garantizarse que sea la ciudadanía, mediante el voto libre y soberano, quien decida quiénes serán sus representantes. La resolución también exhorta a las funciones del Estado respetar la independencia de funciones, el pluralismo político, la participación ciudadana, el debido proceso y la soberanía popular, evitando decisiones que puedan derivar en procesos de exclusión o proscripción política.
La resolución será remitida a organismos nacionales e internacionales
Como parte de la resolución, el Concejo Metropolitano dispuso que la Secretaría General notifique el contenido del documento a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
También se remitirá a organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Delegación de la Unión Europea en Ecuador y las misiones de observación electoral acreditadas para el proceso electoral en curso.









